El 30 julio de este año, se publicó el último estudio de Opinión Pública realizado por la Encuesta CEP N° 91, respecto del periodo de junio-julio 2024, del Centro de Estudios Públicos, el cual arrojó percepciones preocupantes respecto de la corrupción en nuestro servicio público.

Una de las preguntas realizadas dice relación sobre cuán extendida piensan lo encuestados que está extendida la corrupción en el servicio público en Chile, y el resultado es impactante, al considerarse la opción de que mucha gente o casi todas las personas están involucradas en esta forma de actuar, como la más elegida por los encuestados.

El mismo estudio posiciona a los 3 poderes del estado, legislativo (Congreso), ejecutivo (Gobierno) y judicial (Tribunales de Justicia), como aquellas instituciones donde se percibe que está más extendida la corrupción.

Por su parte, el índice de percepción de la corrupción del año 2023, publicado el 30 de enero de 2024, por Transparencia Internacional, arroja como conclusión que existe un debilitamiento de los sistemas de justicia deja la corrupción sin controles y que los gobiernos alrededor del mundo fracasan en sus intentos de detenerla. Este mismo índice, arroja que Chile cae un punto en la percepción de la corrupción a nivel global.

Lo anterior es una tendencia que es preocupante, no por el resultado en sí, sino que porque los esfuerzos en detener el avance de la corrupción en el sector público han sido estériles.

¿Cuál es la razón? A mi juicio, el problema está en el enfoque en que se enfrenta este flagelo. Los esfuerzos destinados a combatir la corrupción están orientados sancionar los actos realizados y que revisten caracteres de corrupción mediante el aumento de sanciones y las creaciones de nuevos tipos penales, pero ya lo decía Tácito en el siglo II d.c. “Cuanta más leyes más corrupción”. Lo anterior ha demostrado que combatir la corrupción no es desde la sanción, sino que desde la prevención.

Qué se puede hacer para prevenir la corrupción, pues bien, aquí entra un concepto relativamente moderno, ya integrado en las legislaciones europeas, especialmente España, que es el Compliance Público que establece una serie de elementos que permiten hacer una prevención de la corrupción. Este mecanismo consiste en un sistema basado en la prevención de la ocurrencia de actos corruptos en el sector público, pero también exige la detección temprana de los riesgos de que se produzcan estos actos, para así poder corregirlo y recién entonces perseguirlo, sancionarlo y buscar las responsabilidades administrativas, civiles y penales si corresponde. De esta forma el castigo a los posibles corruptos podrá tener un efecto disuasivo, y así entonces de verdad se podrá combatir la corrupción.

Para esto se requiere no solo un cambio cultural del funcionario público, sino que también de la sociedad toda, que acostumbra a dar dadivas o regalos con el objeto de obtener un trámite más rápido o simplemente agradecer al funcionario que cumplió con su función.

Además del cambio cultural, se requiere de otros aspectos que deben incorporarse a la función pública como son establecer un sistema de profesionalización de la administración pública centrada en la ética funcionaria y en los principios de buena administración, integridad y transparencia.

También se debe fijar un programa de gestión del riesgo corrupción en el sector público, así como un plan de auditorías internas.

Se deben establecer canales de denuncia y una debida protección al denunciante, así como códigos de ética que estandaricen la conducta esperable de un funcionario público.

Todo lo anterior configura un inicio de combate real de la corrupción a través de la prevención de la ocurrencia de estos actos, los cuales sin lugar a duda aumentarán la confianza de la población en su administración del Estado disminuyendo la percepción de corrupción instaurada en nuestra sociedad.

Debemos pasar de la simple probidad administrativa a una verdadera integridad pública que sea la columna vertebral de la administración estatal en Chile para lo cual el Compliance Público constituye esa herramienta efectiva que da respuesta a la corrupción y sus efectos.

Gabriel Rozas C.
Socio Fundador
Lawcost Compliance